La implementación de la Convención establece para la mayoría de los países la necesidad de superar una serie de debilidades institucionales que repercuten negativamente en la oferta pública hacia los jóvenes. Ante esta realidad que va desde un inadecuado marco legislativo, escasez presupuestaría, aplicación de enfoques limitados en las acciones públicas e incluso una permanente marginalidad política y técnica de los organismos de juventud, nos exige asumir acciones correctivas que fortalezcan la capacidad de los Estados para responder con eficiencia a las tareas de implementación de la Convención.

Para corregir estas carencias la OIJ ha considerado fundamental iniciar un proceso sistemático de estudios nacionales, que establezcan con certeza las dificultades y los cambios necesarios que se deben realizar para alcanzar una correcta implementación de la Convención.